Uno de los resultados más concretos que dejó la elección del domingo, que provocó la peor derrota del oficialismo peronista en toda su historia en la provincia de Buenos Aires, fue que la remontada del Frente de Todos instaló nuevamente la necesidad que tiene la organización política de darle revisión a la inhabilitación de las reelecciones de los intendentes bonaerenses.
La presidenta del PRO a nivel nacional, Patricia Bullrich, salió con los tapones de punta a rechazar el tema: "Es muy claro: lo único que se les ocurre es perpetuarse en el poder. No hacen nada por la gente. Frente a su voluntad de la re-reelección eterna nosotros vamos por la transparencia de la boleta única y la ficha limpia", sentenció.
Otro de los que salió a rechazar la idea fue el dirigente de la UCR de La Plata, Pablo Nicoletti: "No daremos ni un paso atrás en el límite. La ley Nº 14.836 que limita las reelecciones para los intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares es la política pública de la provincia BA, en términos de calidad democrática, más importante desde 1983 a la fecha".
El diputado Daniel Lipovetzky se sumó a las críticas: "El fin a las reelecciones indefinidas es la mayor reforma política que se hizo en la Provincia en los últimos 30 años. Gran logro de Juntos por el Cambio. No vamos a permitir que especulen política y electoralmente para beneficiar la impunidad y a quienes buscan perpetuarse en el poder".
Como este diario desde ayer, los intendentes del PJ emergieron como los grandes hacedores de esa recuperación. Y salieron empoderados, además, porque en su gran mayoría ganaron sus distritos del Conurbano por diferencias amplias. Ahora, según comenzó a trascender en diversas fuentes, estarían dispuestos a no dejar pasar mucho tiempo para pasar por ventanilla a cobrar sus boletos ganadores.
Una de las recompensas que reclamarán está en su agenda de necesidades políticas desde hace largo tiempo y tiene que ver con la ley que limita sus propias reelecciones sancionada durante la administración de María Eugenia Vidal. Los alcaldes, casi sin distinción de partidos, ven con buenos ojos dar marcha atrás con esa normativa o, por lo menos, modificarla.
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